Un nuevo acuerdo firmado entre la OIM y el Ministerio uruguayo de
Desarrollo Social (MIDES) permitirá entablar una
colaboración más estrecha para el desarrollo de
actividades diseñadas con el fin de proteger y fomentar los
derechos humanos de los migrantes que residen en el país.

Dentro de este nuevo acuerdo, que firmarán hoy, 11 de
febrero, en Montevideo la ministra de Desarrollo Social Ana
María Vignoli y el representante regional de la OIM para el
Cono Sur Juan Artola, la OIM y el MIDE llevarán a cabo
investigaciones con las que documentar las últimas
tendencias migratorias en Uruguay.  Gracias a ellas, los
legisladores podrán diseñar políticas para la
integración fructífera de los migrantes en la
sociedad además de permitir al Gobierno uruguayo la
concepción de una política migratoria nacional.

«Uruguay es un país con una población que
envejece de tres millones de personas, de los cuales las cifras
oficiales confirman que tan solo un 2,1% son de origen
extranjero», explica Juan Artola.

En la década de los 60, más de un 60% de los
migrantes eran de Argentina y Brasil.  A partir de 2001, el
país experimentó una nueva oleada de
inmigración de personas, principalmente de Paraguay,
Perú y Chile, no cualificadas, que viven en su
mayoría bajo el umbral de la pobreza y quienes se ganan la
vida trabajando en el sector informal de la economía.

«Al estar empleados en la economía sumergida, estos
migrantes no tienen acceso a los servicios sociales básicos
ni pueden regularizar su estatus migratorio.  El acuerdo de
hoy y las actividades que se llevarán a cabo apoyarán
al gobierno en su cometido por diseñar políticas
sociales para la integración de este sector en la
sociedad», añade Artola.

Uruguay se considera país de origen de migrantes. 
Alrededor de 600.000 uruguayos, en su mayoría
jóvenes, viven en el extranjero.  Este flujo de la
fuerza laboral activa, que representa a más de un 18% de la
población, tiene importantes repercusiones en la
demografía nacional y en los sistemas sociales y de salud
debido al envejecimiento de un mayor número de la
población residente.

Debido a la existencia de estudios que evidencian un aumento de
la migración de retorno, el Gobierno se ha centrado en
fortalecer sus relaciones con la diáspora.  En 2006, la
cifra de retornados alcanzó un 3,3% de la población
(aproximadamente 110.000 personas).  Durante los
últimos dos años, el impacto de la crisis financiera
internacional ha provocado el retorno de algunos migrantes
uruguayos, principalmente de aquellos que vivían en
condiciones de vulnerabilidad.

Dentro del nuevo acuerdo, la OIM proporcionará
también su experiencia técnica en el diseño e
implementación de programas gubernamentales para mejorar la
asistencia a retornados, fomentar su reintegración en el
mercado laboral y facilitar la movilidad en las zonas fronterizas
con Brasil y Argentina.

Para más información, póngase en contacto
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Alba Goycoechea

OIM Montevideo

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